The University of Texas at Austin   School of Law

The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice

Partners for change at the intersection of academics and advocacy.


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La justicia transicional: la impunidad perpetua en Guatemala


Víctimas y defensores de derechos humanos critican la impunidad perpetua en Guatemala:


Entrevistas con Francisco Goldman, Jennifer Harbury y Julio Solórzano Foppa


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Entrevista con Francisco Goldman Entrevista con Jennifer Harbury Entrevista con Julio Solórzano Foppa

El 12 de diciembre de 2007, la Corte Constitucional de Guatemala decidió lo que muchos ven como obstáculo a la lucha continua contra la impunidad en dicho país: invalidó esfuerzos internacionales para justicia en abusos de derechos humanos de la dictadura militar. Poco más de un año antes de la decisión, cuatro miembros del régimen militar anterior estaban detenidos bajo una orden de arresto en España. La Corte Constitucional en Guatemala declaró que la orden—que formaba parte del intento de abrir las vías a la justicia a través del derecho internacional—violó la soberanía de Guatemala. La Corte rechazó la extradición de dos generales guatemaltecos detenidos en Guatemala y negó la jurisdicción de la Corte española sobre los guatemaltecos acusados de genocidio.

La Corte española encargada de investigar los abusos de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y actos de genocidio sigue con su trabajo. De hecho, durante el año pasado, muchos miembros de la comunidad maya y otras víctimas de la represión brutal en Guatemala han ido a España para dar testimonio. Sin embargo, para muchos defensores de derechos humanos y sobrevivientes de la violencia en Guatemala, la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala sigue siendo un obstáculo para la justicia en el país.

Reacciones desde la comunidad de defensores de derechos humanos

El Rapoport Center for Human Rights and Justice ha invitado a varias personas involucradas en la lucha contra la impunidad en Guatemala para dar charlas en la Universidad de Texas-Austin. El 11 de abril, 2007, el escritor, director, y productor Julio Solórzano Foppa, de Mexico, D.F., habló sobre la impunidad en Guatemala como parte de esta serie. Solórzano Foppa, cuya madre Alaíde Foppa desapareció en Guatemala en 1980, ha estado involucrado con la lucha para la justicia en Guatemala a través del procedimiento del caso de su madre. En una entrevista con Karen Engle , directora del Rapoport Center, Solórzano Foppa notó que la impunidad afecta al país entero al nivel institucional, y que muchos guatemaltecos perciben la impunidad como algo inevitable en la política nacional. Para Solórzano Foppa, el problema queda “no solo en el hecho de que estos crímenes fueron cometidos, sino que existe un sistema entero y una cadena de personas que protegen a los responsables.”

Jennifer Harbury, cuyo esposo desapareció en Guatemala en 1992, visitó a la Universidad de Texas en febrero de 2008 para dar una charla sobre la historia de los Estados Unidos y la tortura . Harbury ha dedicado gran parte de los últimos 20 años a promover la protección de los derechos humanos en Guatemala, enfocada intensamente desde que desapareció su marido. Durante una entrevista con Engle, Harbury señaló la necesidad del reconocimiento internacional del peligro y la violencia ya presente en Guatemala, particularmente para los que investigan y abogan por la justicia para abusos del pasado. Sugiere que la violencia omnipresente sea evidencia de una cultura de impunidad que se origina del largo conflicto armado en Guatemala. Hablando de la violencia dirigida contra los defensores de derechos humanos y activistas políticos en Guatemala, Harbury dijo: “Simplemente ocurre. Pero siempre ocurre hacia la misma gente, y sigue ocurriendo hasta que hayan consecuencias”. Harbury dijo que las investigaciones en España son un esfuerzo de confrontar a las autoridades con la verdad histórica, y empezar a construir un sendero hacia la justicia.

El último libro del autor Francisco Goldman , El arte del asesinato político , ofrece un testimonio investigativo del ocultamiento del asesino del arzobispo guatemalteco Juan Gerardo. Vino a la Universidad de Texas-Austin en febrero de 2008, y dio una entrevista a Engle. Durante la entrevista , hizo una comparación de los juicios de derechos humanos en España y la Comisión de Esclarecimiento Histórico apoyada por la ONU en 1998. “Cuando una nación tiene instituciones tan débiles, el resto del mundo puede cumplir un papel importante,” dijo, especulando que la presencia de la ONU durante la investigación de la muerte de Gerardo tenía un papel de vigilancia muy importante. “El asunto de la seguridad es, según lo que pienso, un argumento clave para la jurisdicción universal. Diez personas fueron asesinados durante el caso [de la investigación de la muerte de Gerardo], y si la ONU no estaba, hubiera sido más muertos.”

El proceso de la justicia ha sido muy lento y ha encontrado muchos obstáculos en Guatemala, y logísticamente, sería casi imposible encontrar justicia para todas las víctimas y sus familias. Sin embargo, los defensores de derechos humanos destacan la importancia de seguir luchando. Solórzano Foppa, tomando su propia causa como ejemplo, subrayó el valor simbólico de los juicios a los responsables de la violencia en Guatemala: “Ya no pienso en el caso como un asunto de solo yo y mi familia. Se trata de un país entero que necesita [la justicia], y en mi caso [mi madre] es simbólica,” dijo. “A través de este proceso, aprendimos a entender la justicia como un asunto colectivo, más que un asunto de individuos. Va más allá…es necesario para vivir y seguir con la vida y tener un futuro mejor.”

La justicia transicional y jurisdicción universal en contexto

La decisión de la Corte Constitucional y la crítica subsiguiente reflejan un debate más amplio compartido entre muchos países encarados con la transición de una dictadura militar violente hacia un gobierno democrático. El tema de “justicia transicional,” aunque sea poco aplicado en Guatemala, encapsula estos debates: ¿debería un país delinear una frontera entre el pasado brutal y un futuro pacífico y democrático, o confrontar el pasado a través de una comisión de verdad, dar reparaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, o iniciar juicios para los responsables de abusos de derechos humanos? Miembros de la régimen militar guatemalteco, presumibles responsables por un 90% de las 200,000 muertes del período del conflicto armado desde 1960 a 1996, tienen impunidad bajo una ley de amnistía que previene prosecución para la mayoría de la violencia contra la población mayoritariamente indígena.

Carente de avenidas hacia la justicia en Guatemala, algunos defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas han encontrado empatía en las cortes españolas, donde los jueces y abogados han intentado aplicar la jurisdicción universal para juzgar a los responsables de abusos de derechos humanos en Guatemala. Un grupo de familiares de víctimas y sobrevivientes, entre ellos Rigoberta Menchú, presentó una querella con la Audiencia Nacional española en 1999, acusando a los militares de genocidio, terrorismo del Estado, tortura, y otros abusos de derechos humanos. En julio del año 2006, el juez español Santiago Pedraz dio ordenes para el arresto de seis miembros del régimen militar guatemalteco, encargándoles con estos crímenes de derechos humanos. Cuatro de estos seis fueron detenidos en noviembre de 2006, pero la decisión de la Corte Constitucional de Guatemala de 12 diciembre 2007 dejó en libertad a los detenidos, declarando inválida la aplicación de jurisdicción universal en España. La Corte tenía el derecho de negar la jurisdicción española, pero muchos dudan que haya intenciones serias de continuar con juicios domésticos.

El 31 de enero de 2008, Karen Engle participó en un foro sobre la impunidad en Ciudad Guatemala, dirigido por la ONG guatemalteca Genocidio Nunca Más. Parte de una serie de eventos que respondieron a la decisión de la Corte Constitucional, el foro también tenía como objetivo conmemorar el aniversario de la bomba incendiara de la Embajada española por parte del régimen militar guatemalteco en 1980. La profesora Engle contextualizó la decisión de la Corte en una charla sobre la justicia transicional y la jurisdicción universal en el derecho internacional. Guatemala no ha hecho una transición completa, dijo, y por eso un tribunal internacional ha tomado la responsabilidad de buscar la justicia criminal [el comentario de Engle, en inglés y español]. “Como resulta evidente en la resolución de la Corte Constitucional del 12 de diciembre pasado, Guatemala no ha hecho la transición,” dijo, “y la pregunta es cuándo y cómo va a hacerlo.”

En el lado positivo, los jueces y abogados españoles han continuado investigando casos de abusos de derechos humanos en Guatemala, y testigos y activistas todavía viajan a España para dar testimonio. Otros países europeos han sido persuadidos de hacer lo mismo. Aunque no se puede juzgar a los acusados en España, muchas personas esperan que haya una consciencia aumentada y una deshonra pública para los presuntos responsables por la violencia en Guatemala.